El gobierno de Estados Unidos lo buscaba, contaba con ficha de búsqueda y captura inmediata emitida por la DEA, y ni así las autoridades veracruzanas lo molestaron. Poseía rancho en Oluta y en otros municipios más del sur del estado, se la pasaba constantemente de fiesta en esos rumbos, especialmente en Jesús Carranza y en Nuevo Morelos, se llamó Álvaro Sánchez Sánchez, alias «El Tartamudo», o «La Tía», jefe del cártel de Los Sánchez, que tenía su cabecera en el Estado de México (EDOMEX), especializado en el trasiego de droga desde Centroamérica a Estados Unidos.
«El Tartamudo» fue abatido por un comando armado que lo masacró, junto a varios integrantes de su familia, en el rancho Los Seis Hermanos, de su propiedad, en el municipio de Tequisquiapan, el martes pasado, pero apenas la noche del miércoles comenzó a correr la noticia de que, entre los muertos de esa masacre, se encontraba «El Tartamudo» y varios integrantes de su familia.
De inmediato, Humberto Pérez González, Vicefiscal para la Investigación y Persecución del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, salió a redes sociales con un mensaje para dar los pormenores del operativo para asegurar el rancho donde le dieron muerte, en el cual se localizaron armas, más de diez escoltas, casi todos ex miembros de las fuerzas armadas, vehículos, residencias de lujo y otros efectos más que daban cuenta de la vida de millonario que llevaba el capo de la droga.
Pero, sobre todo, el fiscal salió a deslindarse que el personaje de alto perfil que era demandado por la justicia estadounidense antes de ser asesinado, no era de Querétaro, sino que tenía al menos un año que había llegado del estado de Veracruz, en donde estaba su principal escondite, todo esto a pesar de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez siempre afirma que en la entidad que gobierna, no hay capos de la droga ni delincuencia organizada.
SUS PROTECTORES EN VERACRUZ
Humberto Pérez González, Vicefiscal para la Investigación y Persecución del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro afirmó que «El Tartamudo» se dedicaba a la actividad criminal, y que antes de llegar a ese estado, aparentemente a dedicarse a la ganadería como fachada, radicaba en Veracruz.
Datos de inteligencia que han circulado en últimas horas en la zona sur de Veracruz, exponen que «El Tartamudo» cuenta con residencia en un rancho de cientos de hectáreas que se compró en Oluta, colindante con Acayucan, donde supuestamente guardaba tractocamiones y ganado, pero que originalmente era un enclave para recibir cargamentos de droga procedentes de Centroamérica, tal como pasaba en su rancho en Tlacotalpan y Medias Aguas, en Sayula de Alemán.
Además, era habitual ver sus aeronaves circular por el sur de Veracruz, donde se paseaba cómodamente sin ser molestado a pesar de que contaba con orden de captura por la DEA en Estados Unidos.
Reportes que ya están en manos del gobierno federal, indican que Álvaro Sánchez era visitante asiduo a las propiedades de la familia Real Benítez, cuyos jerarcas son dueños de ganaderías famosas por la cría de animales cebú, restaurantes, hoteles y fábricas de alimentos que son ampliamente conocidas en toda esa región, y promocionadas por sus dueños, Severiano Real y su sobrino, Jesús Benítez.
Desde que llegó «El Tartamudo» a la región de Nuevo Morelos quedó cautivado por la crianza de ganado y los caballos de los potentados de ese pueblo, que constantemente le hacían fiestas y demostraciones privadas de las dotes de sus caballos.
El narcotraficante constantemente bajaba a visitar a sus amigos ricos de Nuevo Morelos, y lo hacía con todo estilo, a bordo de cualquiera de sus helicópteros, para posteriormente aterrizar en algún sitio donde ya lo esperaba un convoy con su personal de escoltas, al menos 10 hombres fuertemente armados que invariablemente viajaban en dos o tres camionetas todo terreno.
Famosas son las fiestas que los Benítez y los Real le hacían al famoso capo de la mafia del EDOMEX en sus fincas, lo agasajaban con los mejores cortes de carne, así como el típico queso prensado de Nuevo Morelos.
Y esos mismos anfitriones que agasajaban al capo de la mafia abatido el martes pasado en Querétaro, son los mismos que constantemente le dan cobijo y comparten la bebida con altos jefes del gobierno de Veracruz, como el titular de la Secretaría de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, así como el dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, quien pese a todo el poder del Estado en sus manos, no pudo retener la alcaldía de Jesús Carranza, que era disputada por el grupo que le da cobijo, y fueron derrotados por Paciano Rueda, quien se encontraba encarcelado injustamente, por órdenes de Eric Cisneros Burgos.
Incluso, después de la visita el sábado pasado a Coatzacoalcos, por parte de la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, un grupo importante de funcionarios de la 4T jarocha salieron rumbo a Nuevo Morelos tras despedir a la aspirante presidencial, pues ya eran esperados por los Real y los Benítez para una pequeña convivencia de la cual quedó constancia en diversas fotos que circularon en redes sociales.
Apenas el primero de marzo pasado, en sus redes sociales, Cisneros Burgos muestra fotos de una supervisión a las instalaciones de la Guardia Nacional que se construyen en Jesús Carranza, acompañado de Severiano Real y de otros notables ricos de ese municipio e integrantes de la familia Benítez, los mismos que también apapachaban al finado capo de la droga Álvaro Sánchez, «El Tartamudo» o «La Tía».
El último evento donde se vio al capo de la droga conviviendo con sus mecenas de Nuevo Morelos, los mismos que apapachan a Cisneros y a Esteban Ramírez Zepeta, fue el pasado dos de abril, en la gran Cabalgata de la Amistad, que es organizada por los Real y los Benítez cada año como parte de la Expo Feria de Nuevo Morelos.
Custodiado por escoltas, en camionetas de lujo, ahí se vio al capo de la droga conviviendo con los potentados, haciendo gala de los mejores caballos bailadores, una de sus debilidades.
QUISO MONTAR UN TEATRO CON AYUDA DE LA MINISTERIAL
A mediados de 2022, todo con la finalidad de vengarse del ganadero y empresario Jhovany Aguirre Benítez, con quien tenía montada una disputa a raíz de que el empresario no quiso formar parte de su organización de traslado de droga, Sánchez Sánchez intenta montar un operativo de rescate de secuestrados en el rancho El Tapatío, ubicado en Suchilapan, municipio de Jesús Carranza, todo con el apoyo de personal de la Policía Ministerial al mando del delegado de la zona sur, José Wong Reyes.
Durante ese operativo, según el guión armado por el corrupto José Wong Reyes, la policía había encontrado a varios secuestrados dentro del rancho El Tapatío, especializado en compra y venta se sementales bovinos, lo que dio como resultado la detención de una bien organizada banda de secuestradores.
Todo se trató de una farsa montada por Wong Reyes y sus esbirros quienes trataron se sembrar los secuestrados dentro del rancho, así como vehículos, armas y droga. Durante horas torturaron a personal de limpieza, secretarias y capataces de dicho rancho que trataron de hacer pasar por delincuentes, sin embargo, de inmediato el pueblo de Jesús Carranza se levantó, comenzaron a protestar por la libertad de los detenidos y a señalar que todo era un ardid de Álvaro Sánchez y personal de la Policía Ministerial, lo que dio como resultado que el juez del caso no recibiera a los detenidos, dado el número de inconsistencias así como la evidente tortura a la que habían sido sometidos, ello quedó registrado en la carpeta JCZ/DXX/F-ENC/63/2022 del MP de Jesús Carranza.
Ahí declararon los afectados de esa redada: Laura Pedraza Gómez, cocinera; Madai Hernández Agustín, secretaria del rancho El Tapatío; Miguel Ángel Damián Herrera y Jesús Pineda González, caporales del mismo lugar, quienes vivieron horas de terror en manos del comandante Wong Reyes, quien sigue impune en su cargo, pues es el testigo estrella contra el ex fiscal Jorge Winkler Ortiz. Wong Reyes declara en el juicio contra el ex abogado de los Yunes que él lo vio cometer delitos, por lo cual, los mandos de la 4T jarocha le deben ese favor y lo siguen sosteniendo a pesar del evidente atropello cometido para favorecer al capo acaecido en Querétaro.
RED DE PROTECTORES
Algo era ley en la vida de Álvaro Sánchez, «El Tartamudo», matar a sus enemigos o mandarlos a la cárcel, todo con el apoyo de autoridades que mantenía sometidas mediante dinero. El empresario Jhovany Aguirre Benítez padece en carne propia la persecución que lanzó «El Tartamudo» en su contra al negarse a colaborar en su empresa de traslado de droga de Centroamérica al centro de México, donde cuenta con su base de operaciones y laboratorios.
En una carta enviada al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Jhovany Aguirre Benítez relata que fue encarcelado por autoridades que le sembraron droga y un arma de fuego, en agosto de 2021, cuando se encontraba en la CDMX. “El plan original de ellos era atraparme y entregarme a Álvaro para que me matara, pero como fueron captados por cámaras de video, no les quedó de otra más que sembrarme armas y droga para destruirme desde la cárcel”, relata el empresario en la misiva enviada al Presidente y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Desde entonces, no ha podido recuperar su libertad simplemente porque no lo han dejado defenderse, todas las autoridades corruptas han recibido dinero y la consigna de «El Tartamudo» para refundirlo tras las rejas y hacerle la vida imposible, señala.
En esa carta denuncia a Elizabeth Gómez Blanca, fiscal federal que presuntamente recibía pagos de «El Tartamudo» para fabricar una carpeta por el delito de secuestro en donde se le involucra a él, así como a su esposa, Yuridia Gallardo Maldonado, y a su hermano, Fermín Aguirre Benítez, delitos por los cuales han ofrecido numerosas pruebas y han tratado de defenderse, pero la fiscal los persigue a toda costa y de manera implacable, alentada por el dinero del finado narco.
Se suma Ninsa Fernanda Acosta Herrera, fiscal de la CDMX, involucrada con el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, quien sentenció a Aguirre Benítez hasta ocho años de cárcel por los delitos fabricados por órdenes de «El Tartamudo», portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de droga que le fue sembrada. Servidores públicos que se prestaron a la venganza de «El Tartamudo» y que no tomaron en cuenta ninguna de las pruebas contundentes presentadas a favor del detenido, como el hecho de que hasta hay un video de Álvaro Sánchez negociando con los policías que agarraron a Aguirre Benítez para entregárselo, y tampoco tomaron en cuenta la violación a la cadena de custodia, pues la droga localizada en el vehículo del empresario, fue encontrada más de 24 horas después de su detención, cuando ya el coche había sido requisado, dentro de las instalaciones de la policía, lo que deja en evidencia que fue sembrada para refundirlo tras la rejas.
En el encierro, el funcionario involucrado en la red de favores al capo para “apretar” a Aguirre Benítez fue Luis Ángel Hernández, director del penal del Reclusorio Norte, a donde fue enviado tras el montaje de su detención. El servidor público habría recibido sobornos para sacar al empresario del reclusorio Norte, donde contaba con mejores condiciones de vida, a un calabozo en Santa Martha Acatitla.
Todo esto lo ha denunciado numerosas ocasiones ante Presidencia de la República, incluso, en más de tres ocasiones sus familiares y trabajadores se manifestaron en Palacio Nacional, para llegar a las Mañaneras del Presidente López Obrador, tal como pasó el pasado 30 de noviembre de 2022, en donde el mismo Ejecutivo aseguró desde La Mañanera que se iba a revisar el expediente del ganadero y empresario, así como las acusaciones contra estos servidores públicos.
