Osvaldo Antonio Sotelo/Foro Coatza
Coatzacoalcos, Ver.-/La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 118VG/2023 a la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) por actos de tortura, incluida la sexual, en contra de seis personas en los municipios de Coatzacoalcos y Las Choapas.
Con base en el Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos y Degradantes (Protocolo de Estambul), así como los testimonios de las víctimas, cuyo análisis demostró violaciones graves a los derechos humanos de estas personas.
Fue el pasado 21 de mayo de 2021 cuando la CNDH recibió un oficio de la encargada de la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), en el que solicitó que la CNDH ejerciera la facultad de atracción de este caso, por existir impedimento legal para resolverlos, iniciando el expediente dentro de este organismo nacional el 27 de mayo de 2021.
De la información contenida en los documentos se desprende que, entre el 5 y el 11 de febrero de 2014, seis de las víctimas fueron detenidas de manera violenta por policías, quienes las sometieron a diversos actos de tortura con el fin de que se inculparan de un probable delito; les obligaron a firmar papeles y les ingresaron en centros de reclusión, donde continúan presas.
El 20 de marzo de 2018, personal del Juzgado Primero solicitó a la CEDHV realizar el Protocolo de Estambul a las personas inculpadas con especialistas independientes a dicha institución.
Derivado de esta solicitud judicial, la Comisión Estatal sustanció otro expediente de queja, a fin de llevar a cabo diferentes investigaciones y diligencias.
La solicitud de la autoridad jurisdiccional se originó al determinar que los estudios realizados en su momento por personal de la FGE de Veracruz a una de las víctimas no eran dignos de consideración por cuestiones de parcialidad e independencia.
Por ello,se requería que dicho protocolo se aplicara a todas las personas implicadas en la probable comisión de un delito, con el objetivo de verificar la legalidad de sus versiones y para robustecer su denuncia de los actos de tortura a los que fueron sujetos.
El análisis de las evidencias permitió a la CNDH acreditar tortura y tortura de carácter sexual en agravio de las víctimas, en tanto hubo intencionalidad por parte de quienes las realizaron de causar dichas lesiones, daños graves y severas aflicciones, toda vez que como elementos aprehensores actuaron deliberadamente ejerciendo una atribución de autoridad que no cuidó la integridad de las personas bajo su tutela, sino que les causó diversos daños, puesto que las lesiones se perpetraron con la finalidad de intimidarlos para obtener una conducta o aceptación de un delito.
Asimismo, resultó evidente que los sufrimientos y afecciones persistían incluso a la fecha de la aplicación del Protocolo; por lo que todos los elementos esenciales de la tortura son advertidos en las víctimas.
La Comisión Nacional solicitó a la FGE de Veracruz que colabore en el trámite ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, para la inscripción de las personas agraviadas en el Registro Estatal de Víctimas del estado de Veracruz, y se proceda a la inmediata reparación integral del daño, la cual debrá incluir la medida de compensación, además de proporcionarles la atención médica y psicológica que requieran.
También, deberá integrar la Recomendación 118VG/2023 a la Carpeta de Investigación correspondiente, a fin de que se tome en cuenta y se evite continuar vulnerando el derecho al acceso a la justicia de las víctimas; y deberá colaborar con la autoridad investigadora que se asigne en el trámite y seguimiento de la denuncia de hechos que esta Comisión Nacional presentará en contra de las personas servidoras públicas implicadas en los hechos, así como la que presente ante el Órgano Interno de Control de la FGE de Veracruz.
Para evitar la repetición de hechos similares, la FGE de Veracruz deberá impartir un programa de capacitación dirigido a los ministerios públicos y su personal de apoyo adscritos a la Fiscalía Regional Sur-Coatzacoalcos, para sensibilizarlos en materia de derechos humanos, a fin de que en caso de que detecten lesiones, golpes, tortura o evidencias de maltrato físico y psicológico en personas sujetas a detención, conozcan el tratamiento que deben proporcionar a esas situaciones, además de conocer las responsabilidades administrativas y penales en las que pueden incurrir al no apegarse a las normas operantes o presentar omisiones en la aplicación de éstas.
Finalmente, la FGE y la SSP de Veracruz deberán impartir un programa de capacitación a los
médicos adscritos a sus dependencias, sobre la forma en que deben registrar y documentar las lesiones que presenten las personas sujetas a alguna detención y tengan huellas de tortura u otros tratos indebidos, además de conocer las responsabilidades administrativas y penales en que pueden incurrir al realizar revisiones y certificaciones médicas no apegadas a la ley.