Alejandro Ávila
Zaragoza, Ver.— La difusión de un video en redes sociales detonó una serie de señalamientos en torno a la actuación del comandante Ezequiel García Martínez, luego de que fuera acusado de presunta conducta intimidatoria hacia la ciudadana Lilia Gómez Santos, quien se identifica como reportera del portal Zaragoza Multimedios.
Frente a ello, el Ayuntamiento de Zaragoza emitió una postura oficial en la que descarta que exista abuso de autoridad, al sostener que la actuación del elemento se dio en un contexto operativo y sin intención de interferir en la labor de quien grababa.
De acuerdo con la versión institucional, tras revisar el material videográfico y recabar información sobre lo ocurrido, se determinó que el comandante no incurrió en acciones que constituyan intimidación o restricción al ejercicio periodístico. En las imágenes difundidas se observa que el elemento se aproxima a la persona que realiza la grabación, mantiene en todo momento las manos en alto —en un gesto que, según la autoridad, busca evidenciar la ausencia de contacto o agresión— y responde de forma breve al ser cuestionado, indicando que no contaba con información sobre los hechos que se atendían en ese momento. No se advierte intento de retirar el dispositivo, bloquear la cámara o impedir la grabación.
El gobierno municipal subrayó que la interacción ocurrió en un escenario de tensión, derivado de los hechos que se encontraban en proceso de atención, lo que a su juicio pudo influir en la percepción de la ciudadana. Asimismo, precisó que la persona que grababa no se identificó formalmente como integrante de un medio de comunicación en ese momento, situación que también incidió en la dinámica del encuentro entre ambas partes.
Como parte de su posicionamiento, la autoridad local respaldó su interpretación en el marco legal vigente, particularmente en el Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho a la información pero establece límites cuando se trata de seguridad pública o investigaciones en curso. A ello se suma lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que permite clasificar información cuya difusión pueda comprometer operativos o procesos, así como en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establecen principios de actuación policial orientados a preservar el orden y la integridad de las intervenciones.
En este contexto, el Ayuntamiento reiteró que los elementos de seguridad pública no están obligados a emitir declaraciones en campo ni a proporcionar entrevistas inmediatas, especialmente cuando se trata de situaciones en desarrollo. No obstante, el presidente municipal informó que el caso fue revisado de manera interna y que al comandante se le realizó una notificación verbal respecto a su actuación, con el objetivo de evitar interpretaciones erróneas en futuros operativos.
Finalmente, la administración municipal aseguró que se mantiene atenta a la situación y que brindará el acompañamiento necesario a la familia involucrada, reiterando que su prioridad es garantizar la seguridad y el bienestar de la población. Aunque el caso generó polémica en redes sociales, la postura oficial sostiene que no existen elementos para sancionar al mando policiaco, atribuyendo la controversia a la percepción generada en un momento de tensión más que a una conducta indebida.