-Defensoría Pública solicitó medidas cautelares a Comisión Interamericana de Derechos Humanos
-No debió ser detenida, no debe ser vinculada a proceso
Ángeles González Ceballos
Pacho Viejo, Ver
La secretaria técnica del combate a la tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Sofía de Robina, reveló que la Fiscalía General del Estado no hace referencia, en su narrativa de hechos durante la audiencia inicial en contra de la jueza Angélica Sánchez Hernández, que se haya reunido con el abogado de Itiel N, como lo ha señalado el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
En entrevista, previo a la audiencia de la Jueza, indicó que el Ministerio Público solamente se refiere al cumplimiento de la orden de un juez federal.
Resaltó que los elementos por los que se le acusa tienen que ver con su labor jurisdiccional.
Y es que recordó, la Jueza acató una orden federal y decidió no vincular a proceso a Itiel N, luego de valorar las pruebas y de contar con ciertos elementos para no hacerlo.
«Realizó una serie de señalamientos al Centro donde se encontraba esta persona detenida para que fuera puesta en libertad y es a partir de esta acción que se le realiza la imputación de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias», comentó.
Definió que las múltiples acusaciones que se han hecho en contra de la Jueza se insertan en contra de la independencia judicial, por lo que sin duda es una afectación a su presunción de inocencia.
En cuanto a las acusaciones por falsificar documentos, indicó que se refiere a que cambió un número de folio por «error humano», pero aclaró que no tiene más información porque no se han impuesto de la carpeta de investigación.
Asimismo, recordó que el pasado 16 de junio, el día que fue detenida, contaba con una suspensión que la protegía para evitar ser detenida, sin embargo, reveló que el juez justificó que no fue enterado de la suspensión, por lo que dictó la orden de aprehensión
«Nosotras hemos insistente y consistentemente diferido de esa postura, creemos que se está en una violación a esa suspensión y eso es un acto muy grave.
El abogado particular ya denunció este tema dentro del juicio de amparo, que hay un incumplimiento de esa suspensión y además recordemos que puede derivar en delitos que están previstos en la propia Ley de Amparo», aseveró.
En cuanto a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y otros pronunciamientos, son atentado contra la independencia judicial, en todo caso es a la Fiscalía a la que le corresponde sostener los elementos que tenga.
Además, opinó que hay un uso desproporcionado y faccioso del sistema penal que se han visto en otros casos.
En ese sentido, Sofía Robina expuso que atendiendo todas las irregularidades y riesgos que enfrenta la Jueza es que solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que todo esté contexto manda un mensaje muy preocupante al Poder Judicial.
«De entrada no tendría que haber una acusación en contra de la Juaza por su labor jurisdiccional, porque así se ha realizado. No tendrían que haber ejecutado una orden de aprehensión por la suspensión que tenía y no tendría que estar privada de su libertad porque no hay ni siquiera un riesgo de fuga», aseveró y expresó que tampoco debería haber una vinculación a proceso.