-Hay un alto índice de impunidad, por eso continúa habiéndo violaciones a los derechos humanos
Ángeles González Ceballos
Xalapa, Ver
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matsumoto Benítez, afirmó que el organismo no es un «enemigo» de las instituciones a las que se le emiten las recomendaciones.
«Me parece que si se entendiera que lo único va a rendir frutos es que trabajemos coordinados, yo creo que tendríamos mayor posibilidad de ir transformando está realidad.
Pero ocurre que las dependencias que recomendamos, ven a la Comisión como enemigo, cuando yo lo más que comparto con los titulares, es el saludo, ni siquiera podría decir me cae bien o mal y no tendría que ver con eso», manifestó.
En entrevista, refirió la «resistencia» de las entidades recomendadas que se ha venido generando a partir de este 2023, a aceptar las recomendaciones.
«Nosotros teníamos un promedio de más del 90 por ciento de aceptación de las recomendaciones, lo cual es bastante bueno.
El tema es que este año, las autoridades y así inició la Fiscalía General del Estado, rechazando las recomendaciones, además es la autoridad más recomendada por la Comisión en todos estos años que yo he estado al frente de la Comisión», recordó.
Una vez que la Fiscalía comenzó a rechazar las recomendaciones, el mal ejemplo comenzó a cundir, opinó y definió que otras autoridades comenzaron a rechazar las recomendaciones emitidas.
Matsumoto Benítez externó que aceptarlas debería ser más bien un deber político y moral de las autoridades, ya que se está demostrando que hubo una vulneración de derechos humanos.
«Su deber político -porque es un servicio público-, debería ser aceptarlas y, un deber moral con las víctimas, porque detrás de cada recomendación, hay víctimas, hay personas que su vida fue trastocada por un acto de autoridad», abundó.
Subrayó que a lo largo de su gestión por la Comisión se ha capacitado de manera continúa a los servidores públicos para tratar de evitar la consumación de violaciones a los derechos humanos de las personas.
«Lo cierto es que lo que está fallando es que no se sanciona a los responsables. Hay un alto índice de impunidad, escuchaba la comparecencia del secretario de Seguridad Pública quien informó que había alrededor de 73 servidores públicos sancionados o con procesos en su órgano interno.
Yo pensé que no correspondían al número de recomendaciones que se han emitido a lo largo de este año. Me parece que sigue prevaleciendo la impunidad y eso impide que se tengan resultados con la capacitación», expresó.
Y es que al final del día un servidor público está consciente de que está realizando algo que no debe hacer, pero si no recibe una sanción por esa acción u omisión que vulnera derechos humanos, seguramente lo seguirá repitiendo, porque lo puede hacer y no pasa nada.