Ángeles González Ceballos
Xalapa, Ver
Unos mil 500 empresarios de COPARMEX, Canacintra, AMIC, Consejo Empresarial Metropolitano, ACEVAC, entre otras importantes cámaras empresariales del Estado con representación nacional, denunciaron amenazas y acoso del titular de la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA), Sergio Rodríguez Cortés.
A través de una carta enviada al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, afirmaron que han sufrido acosos, amenazas de clausura y multas millonarias aplicadas, ya que la multa mínima que se aplica es de 5000 UMA, es decir, alrededor de 500 mil pesos.
Señalaron que no existe un tabulador correspondiente a los criterios establecidos en los capítulos II y III de la Ley Estatal de Protección Ambiental, sin embargo, la multa se aplica con la justificación de que ésta va conforme al tamaño de la empresa y los trabajadores que en ella laboran.
Expusieron que el procedimiento que se aplica para sancionar a las empresas se hace con base en una inspección obligatoria a la empresa por parte de un inspector de la Procuraduría derivada de una supuesta denuncia ciudadana.
El inspector ingresa a las instalaciones a revisar desde el área de oficinas, almacenes, producción, baños de trabajadores y patios o jardines.
En todos los casos se encuentra la mínima falla desde el método de separación de los residuos o cualquier motivo para amenazar con el cierre de las operaciones si no se presenta el representante legal a las instalaciones de PMA en Veracruz a comparecer ante Procuraduría en un lapso máximo de 48 horas.
Al acudir a sus instalaciones personal de la PMA muestra un procedimiento en el que la empresa se hace acreedora a una sanción mayor a 12,000 UMA y, después de algunas revisiones a la documentación, se le comenta a la empresa que pueden hacer una rebaja de 10,000 UMA y en el mejor de los casos 5,000 UMA.
Ello ya sea en un sólo pago o pueden dar hasta 30 días para pagar su totalidad o se procederá a la clausura total del negocio sin posibilidad de ampararse o defenderse.
Los integrantes de las diversas cámaras empresariales afirmaron que todo ese procedimiento contraviene lo dispuesto por la Ley Estatal de Protección Ambiental, ya que se violentan las disposiciones que por derecho corresponden a un acto administrativo, dejando sin efecto la probabilidad de mediar y/o conciliar probables omisiones a la Ley.
De igual forma no se contemplan los tiempos establecidos por Ley para responder a las apreciaciones de los inspectores, ni dan la oportunidad de otorgar pruebas, así como tampoco de solventar dichas observaciones.
En su misiva reiteraron su compromiso de cumplir con las leyes que los regulan en el país y en el Estado, ya que dictan la convivencia social y natural con el entorno.
Por ello, solicitaron que el Ejecutivo presida una mesa de trabajo, acompañado por sus secretarios de Estado y los presidentes de las cámaras empresariales denunciantes.
La idea es que les permitan tener un diálogo que los lleve a la generación y adopción de acuerdos entre Gobierno y la iniciativa privada, además de la intervención del Mandatario para regular el actuar del procurador del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés y sus funcionarios.
Y es que sostienen que son muchas las empresas que han sido afectadas por los procedimientos irregulares de dicha dependencia.